Archivo de la categoría: AFIDI

AFIDI,AROSA I+D,🚘 Sector Automoción,MINCOTUR,Next Generation EU,PERTE,PRTR

PERTE VEC – Obstáculos, lecciones aprendidas y propuestas de mejora de AFIDI para los PERTEs

AROSA I+D miembro fundador de AFIDI ha participado activamente en la elaboración del documento

¿Qué hemos aprendido (y sufrido) las #consultoras pertenecientes a AFIDI (y en especial las empresas de la Cadenas de Valor de automoción) de la convocatoria de ayudas públicas del PERTE_VEC ?

¿Qué propuestas de mejora sugerimos desde la Asociación AFIDI para los próximos PERTEs por convocar dentro del PRTR (Plan de Recuperación) con fondos NextGenerationEU?

AROSA I+D como miembro fundador de AFIDI ha participado activamente en la elaboración del siguiente documento…

La Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Recogiendo en la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, la convocatoria correspondiente al año 2022.

Este programa se basa en la idea de cooperación entre empresas en la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado que contribuya a la generación de sinergias y la difusión del conocimiento, con soluciones integradas y eficientes. La línea no busca la mera implementación de la fabricación del VEC en España, sino incentivar a las empresas para que esta transformación se realice buscando soluciones altamente innovadoras, con métodos de fabricación sostenibles, que se apoye la economía circular y se busque la integración social.

Obstáculos identificados

  • Gran incertidumbre durante todo el proceso de solicitud, con modificaciones y matices en las “reglas del juego” que fueron recogidos tanto en la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria del año 2022, como mediante la Orden ICT/359/2022, de 25 de abril, por la que se modifican la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre. Como fue la determinación del porcentaje mínimo de PYMEs y causas de reintegro por incumplimiento de este requisito.
  • Retraso en el cierre de la convocatoria, viéndose prorrogado hasta en dos ocasiones, que ha podido desvirtuar en cierta forma el principio de concurrencia competitiva.
  • El plazo máximo de ejecución de los proyectos, el cual exige que las inversiones estén finalizadas en junio de 2025 y justificadas para septiembre de ese mismo año.

Teniendo en cuenta lo anterior y que de forma general, el sector industrial aprovecha las paradas productivas de agosto para hacer demostradores de proyectos de I+D, el retraso en la convocatoria ha impedido imputar actividad del verano del 2022 y, el cierre en junio del 2025, deja solo útiles las paradas de 2023 y 2024 para pruebas en el marco de este programa.

  • Alcances de la responsabilidad solidaria.
    – De acuerdo al apartado d) del artículo 5 de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica: “todas las entidades miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda y serán solidariamente responsables, en proporción a sus respectivas participaciones, en relación al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

– En la convocatoria de ayuda retos colaboración Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada, del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 en el marco del  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, respecto a la responsabilidad solidaria, se contempla como sigue: “Artículo 7 (apartado 10).  En el caso de que una entidad participante de la agrupación no responda de las obligaciones de reintegro, cada miembro de esta responderá solidariamente. El importe a reintegrar por cada miembro de la agrupación tendrá como límite las cantidades de ayuda efectivamente recibidas. Cada miembro de la agrupación responderá individual y exclusivamente de la amortización del préstamo que le haya sido asignado y de los incumplimientos en las devoluciones de las cuotas de amortización de los préstamos.”

 En la convocatoria del PERTE VEC, a diferencia de la reciente convocatoria de Retos colaboración, tal como recoge su Orden de Bases en el artículo 5.d) “la responsabilidad solidaria aplica al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones”.

La naturaleza de la responsabilidad de los partícipes será la que se determine en la orden ministerial reguladora de las bases, por tanto, cada programa de ayudas podrá regularlo como estime. En la convocatoria del PERTE VEC aplica al incumplimiento de las devoluciones de las cuotas de amortización, con el perjuicio e impacto a todos los integrantes del consorcio por dos motivos esenciales:

▪️ Las subvenciones se van a avalar en prácticamente su totalidad, pero no los préstamos, por lo que el impacto de un impago en las cuotas por parte de un socio impacta de forma directa en el resto de los socios de la agrupación.

▪️ Los proyectos de inversión regional y sostenibilidad son individuales y en muchos casos de importes muy elevados, con préstamos cuantiosos.

  • Proyectos de inversión regional, muy complicados de encajar, dadas las limitaciones en cuanto a las zonas incluidas en las ayudas regionales. Se debe tener en cuenta las limitaciones de este programa para las inversiones productivas en CAPEX de los proyectos.
  • Intensidades de las ayudas en este programa colaboración vs. Convocatorias individuales. El valor añadido de asumir la carga de esfuerzos y responsabilidades de este Programa de ayuda frente a ir a las correspondientes modalidades de ayuda de forma individual, esencialmente se encontraba en la derivada comercial futura entre fabricantes y proveedores, dada que las intensidades de ayudas son las mismas que en los diferentes programas de ayudas a los que se podía optar con los diferentes proyectos primarios, existiendo únicamente una mejora en cuanto a los importes máximos de las ayudas.
  • Garantías.  Para las PYMES la exigencia de avalar de forma obligatoria de inicio es en muchos casos una dificultad insalvable o muy complicada de cumplir, lo que puede conllevar en ocasiones a la renuncia de la ayuda y la reevaluación del proyecto tractor.

La negociación y obtención de las garantías es un arduo proceso, especialmente para las PYMEs, que puede suponer en muchos casos tras el análisis de riesgos una “pignoración” del 25% al 50%, del importe garantizado. Este hecho supone esencialmente para las empresas: a) que deba adelantar este importe para conseguir la garantía y b) que una vez cobre el anticipo, este se verá minorado en la cuantía de la pignoración, lo que en la práctica se traduce en una reducción de la ayuda y mayor esfuerzo financiero para la ejecución de las actividades comprometidas al proyecto.

  • Los requisitos impuestos exigen costes iniciales muy elevados al consorcio.  Al gasto de los avales se añade el de notario, el doble gasto de la certificación de categoría del proyecto de I+D y del cumplimiento de DNSH, importe que puede estar superando los 100.000 euros por consorcio. A este importe se debería sumar el alto “coste de oportunidad” relativo al tiempo dedicado por diferentes perfiles implicados en cada una de las entidades en la preparación de la propuesta
  • Excesivos requisitos en cuanto a los bloques y planes transversales. Gran encorsetamiento del programa en cuanto a los requisitos de contenidos técnicos por bloques.

La industria de automoción es un sector global, con competencias de desarrollo distribuidas a nivel internacional. El hecho de exigir un abanico tan amplio de temáticas dentro de los proyectos primarios de cada tractor es, en muchos casos, muy complejo de cumplir por la propia realidad del sector implantado en España.

Esta globalidad del sector también afecta a los diferentes eslabones de la cadena industrial, en muchos ámbitos de actividad no hay posibilidad de buscar asociaciones con entidades de pequeño o mediano tamaño.

Tantos requisitos de formación de los consorcios, unido a estos requisitos técnicos, en la práctica impide que los proyectos definidos sean aquellos demandados por la industria.

  • Aplicación muy poco ágil e información para la solicitud poco lógica: relación de indicadores proyecto tractor excesiva, algunos poco coherentes y repite los que se solicitan para los proyectos primarios. En muchos casos indicadores que hacen relación a anualidades anteriores al inicio del proyecto, lo cual no es muy coherente. Imposibilidad de cargar en simultaneo en dos proyectos primarios. Solicitar referencias catastrales de ubicaciones de inversión. Presentación del proyecto tractor en máximo una hoja. Establecer ratios máximos de 60 euros hora por trabajador.
  • Tras el proceso de evaluación de las propuestas hemos comprobado que no se recoge el gasto de prototipos en I+D (no se admiten fungibles), partida que es fundamental a la hora de realizar proyectos de I+D.
  • La no admisión de las entidades de consultoría como figura de interlocutor frente a la Administración, dado que en la mayoría de las ocasiones la función de coordinación del proyecto e integrantes está siendo realizada por estas entidades. De igual forma explícitamente se excluyen estos gastos como elegibles.

Consideramos esencial aprender de lo que ha sido esta primera gran convocatoria de proyectos tractores en el ámbito industrial, en el marco de los PERTE, intentando reducir los obstáculos que se han identificado para futuras convocatorias, por ello a continuación enumeramos una serie de propuestas.

Nuestras propuestas:

  • Revisar los formatos y modalidades admitidas de garantías, buscando opciones de cancelaciones parciales: una o varias certificaciones parciales que en el caso de la subvención pueda suponer liberación parcial de estas garantías, así como la posibilidad para los avales sobre los préstamos de avales parciales que se correspondan con las respectivas amortizaciones del principal.
  • Tratar de mediar especialmente con las SGR a través de CERSA en flexibilizar plazos de análisis y aprobación, así como condiciones, especialmente para las PYMEs.
  • Equilibrar el importe de los anticipos por anualidades, el importe inicial debería ser mayor (pero consideramos como no-proporcional llegar al 90%, por las implicaciones que su obligatoriedad conlleva) pero siempre buscando la no obligatoriedad.
  • Los alcances de la responsabilidad solidaria es un tema especialmente sensible y crucial, por ello rogamos la consideren como en la convocatoria de Retos colaboración, también en el marco del Plan de Recuperación, en la cual la responsabilidad solidaria no abarca los posibles incumplimientos en las devoluciones de las cuotas de amortización de los préstamos, siendo estas responsabilidades individuales de los respectivos socios.
  • Analizar como mejorar el apoyo al CAPEX en estos proyectos, dada la gran relevancia que las partidas de inversión tienen para esta tipología de proyectos.
  • Incluir como gasto elegible los honorarios de consultoría de oficina de proyecto, así como prever su posibilidad de asumir la labor de interlocutor del consorcio.
  • Incluir como gastos elegibles los de certificación de DNSH, así como incluir la partida de fungibles, esa es esencial para la fase de demostración en los proyectos primarios de I+D.
  • La posible consideración de un “Sello PERTE”, para las diferentes entidades pertenecientes a consorcios de proyectos “de cadena de valor” beneficiarios de programas como el presente. Este sello o acreditación permitiría acceder de forma preferente y más ágil a posibles mecanismos de financiación complementarios.
  • Posibilidad de contar con la acreditación ex ante de los proyectos de I+D e it, a efectos de la deducción fiscal.
AFIDI,AROSA I+D,Deducciones Fiscales I+D+i

Desde AFIDI alertamos sobre la medida incluida en el Proyecto de Ley de PGE 2022 de establecer un tipo mínimo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% que perjudica claramente a las compañías que invierten en I+D+i

Desde la Asociación para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (AFIDI), de la que AROSA I+D es miembro fundador, se ha estudiado la reforma de tributación mínima planteada en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado 2022, y cómo ésta puede repercutir en la capacidad de las empresas para impulsar la tan necesaria I+D+i.

Así, se puede concluir que el establecimiento de un tipo mínimo efectivo en el Impuesto sobre Sociedades del 15% perjudica claramente a las compañías que invierten en I+D+i en nuestro país.  Las deducciones por actividades de I+D+i, se definen y regulan en el artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, y son el instrumento de financiación más versátil con el que cuenta el sector privado, pues no están sujetas a convocatorias, presupuestos, limitación en las partidas de gasto o ejecución temporal de los proyectos.

Incluir en el cómputo del tipo mínimo del 15% las deducciones por I+D+i es un paso atrás en las políticas de fomento de la innovación empresarial y nos aleja de la competitividad empresarial con los países de nuestro entorno, afectando directamente a las empresas más innovadoras y competitivas tecnológicamente, reduciendo claramente su capacidad financiera para seguir apostando por la innovación y la competitividad en el futuro. Además, supondrá dejar de atraer talento y recursos de valor añadido a España, e incluso favorecer que empresas ubicadas en territorio común desplacen sus centros productivos y actividades de I+D+I a otros territorios o países con el consiguiente impacto económico y social.

Se debe tener en cuenta que la aplicación de deducciones fiscales en el Impuesto sobre Sociedades actualmente se encuentra ya muy limitada, con carácter general, al 25% de la cuota íntegra ajustada positiva, lo cual provoca que, en muchos casos, la aplicación del incentivo fiscal se dilate en el tiempo. También el mecanismo de monetización de la deducción (conocido como cash back) presenta un límite de 3 millones de € para I+D+I y sólo ampliable a 5 millones de € en empresas que puedan acreditar una inversión en I+D que supere el 10% de su cifra de negocio (escenario de muy baja probabilidad). Estas limitaciones se ponen de manifiesto, por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2019, en el que se aplicaron únicamente un 31% de las deducciones generadas, 400 millones de € aplicados en Impuesto sobre Sociedades sobre 1.300 generados en ese ejercicio, lo que significa que la deducción por I+D+i no reduce de manera significativa la recaudación del Impuesto. El establecimiento de un tipo mínimo en el Impuesto Sobre Sociedades del 15%, limitaría aún más su aplicación y, por tanto, el valor del incentivo frente a otros países, reduciendo la competitividad de las empresas españolas.

Según diversos estudios de la OCDE, existe una relación directa entre la inversión en I+D+i y el incremento de la competitividad y, en consecuencia, el desarrollo económico y social de un país. Actualmente, la mitad del apoyo público a la inversión en I+D+i de la OCDE se canaliza a través de incentivos fiscales, Alemania lo creó en 2020 y Finlandia lo ha potenciado aún más en 2021, tendencia que se traslada a otros países de Europa, aunque no parece ser nuestro caso, pese a ser pioneros en la aplicación del mismo. En España, la propia Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en su informe del pasado año, evidencia la eficiencia del incentivo, estipulando que por cada euro que se deja de recaudar, la inversión crece hasta en 1,5 euros.

Además, según los datos expuestos en el European Innovation Scoreboard 2021, compuesto por 32 indicadores y elaborado por la Comisión Europea, España ocupa el puesto 16 de 27 de los países de la UE, baja dos posiciones respecto al año anterior, y es superada por países como Eslovenia, Italia y Malta. Al frente del ranking se encuentran los líderes en innovación, los países nórdicos, Suecia, Finlandia y Dinamarca, y a la cola, los innovadores emergentes como Letonia, Bulgaria y Rumanía. Si se analizan los indicadores, España suspende en empleos dedicados a innovación, en inversión pública y privada en I+D, en apoyo gubernamental a la I+D+I privada, o en registro de patentes, entre otros. Asimismo, es bastante pobre el indicador referido a las exportaciones de servicios intensivos en conocimiento (72% inferior a la media), el de pymes innovadoras en producto (71% inferior) y también el de pymes que realizan innovaciones de proceso (68% inferior).

Teniendo en cuenta el panorama que dibujan estos datos, no solo se tendrían que potenciar los incentivos a la innovación empresarial, sino que también se tendrían que incrementar los recursos dedicados a la financiación de la I+D+i privada, los dedicados a las políticas de innovación, así como la ejecución real de los presupuestos de I+D+i. La escasez de ayudas directas y las difíciles condiciones de acceso al crédito explican en los últimos ejercicios esa gran diferencia que existe entre el presupuesto y la ejecución del mismo. Los fondos europeos deberían ser una oportunidad única para promover e impulsar un cambio de tendencia. Por todo ello, sería muy bueno para la competitividad empresarial e industrial española que hubiera un acuerdo común que promoviera la inversión en I+D+I privada y las deducciones por  I+D+i son uno de los mejores instrumentos para ello, y deberían quedar excluidas de la fijación de un tipo de tributación mínimo, y avanzar hacia un ordenamiento similar al que ya se encuentra legislado en otros territorios de España como Álava, Bizkaia, Gipuzkoa o Navarra, cuyos regímenes forales plantean un tipo impositivo mínimo, similar al que propone el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero siempre excluyendo de dicho límite las deducciones por actividades de I+D+i, lo que representa una clara apuesta por estas actividades como herramientas de competitividad.

afidi21manifiesto-afidi-tributacion-minima-isDescarga
AFIDI

AFIDI publica artículo de opinión «La receta mágica para el desarrollo económico y social tiene nombre: I+D+i», asociación de la que AROSA I+D es miembro fundador

AFIDI, asociación de consultoras españolas especializadas en la financiación de la I+D+i

Reproducimos a continuación el artículo de Opinión de AFIDI, asociación de consultoras españolas especializadas en la financiación de la I+D+i de la AROSA I+D es socio fundador, que cuyo contenido compartimos al 100% y que ha sido publicado en EL ESPAÑOL el 28 de octubre de 2021. Ver original en el siguiente link:
https://www.elespanol.com/invertia/disruptores-innovadores/opinion/20211028/receta-magica-desarrollo-economico-social-nombre-idi/622807714_12.html

En pleno 2021 no hay secretos ni fórmulas mágicas ni teorías innovadoras que nos hagan vislumbrar un nuevo horizonte en el que veamos incrementar ese desarrollo económico y social tan deseado por tantos países. La receta la conocemos, de sobra, pero hace falta interés y convicción para añadir todos los ingredientes y conseguir un plato estrella. Se trata de la inversión en investigación, desarrollo e innovación.

El pasado miércoles 20 de octubre, en el marco de la iniciativa del Pacto por la Ciencia y la Innovación, AFIDI (Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i) tuvo la oportunidad de explicar algunas ideas ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso de los Diputados. La primera es, precisamente, la importancia de tener este Pacto de Estado, porque el principal reto es consolidar la inversión en I+D+i una vez haya finalizado el período vinculado al plan de recuperación y los fondos europeos para dicho fin.

Según los últimos datos facilitados por la Fundación COTEC, la inversión en I+D rozó el 1,5% sobre el PIB el pasado año 2020, frente al 1,25% sobre el PIB de 2019. Es destacable el esfuerzo realizado en plena pandemia, pero, a pesar de este incremento, estamos todavía lejos del 3% propuesto como objetivo por el Parlamento Europeo en 2030. España ocupa el puesto 16 de 27 en el tablero de innovación de la Unión Europea, dos más abajo que un año antes, según recoge el European Innovation Scoreboard 2021, viéndose adelantada por Eslovenia, Italia y Malta.El esfuerzo tecnológico de España representa el 43% del de EE. UU y Alemania, el 40% de los países nórdicos de Europa, y el 54% del francés, y no llega a un tercio del de Corea del Sur y Japón. La gravedad que alcanzó la gran recesión en España y los negativos efectos de la pandemia del coronavirus explican en buena medida los parcos avances logrados en este ámbito durante la última década, pero es conveniente recordar que al final de su etapa más expansiva, en 2008, España solo alcanzó un gasto en I+D sobre el PIB del 1,32%, superando por poco la mitad del nivel alemán, y quedándose a 0,5 puntos porcentuales de la media de la UE-27.

En esta misma línea, y según datos del Banco Mundial las exportaciones españolas de bienes de alta tecnología fueron en 2019 el 6,86% del total de ventas al exterior, casi dos veces y media inferior a la media europea (16,05%), situando a España en la penúltima posición del ranking europeo de exportaciones de alta tecnología, únicamente por delante de Luxemburgo y muy lejos de los países de nuestro entorno, como Francia (27%,) Irlanda (26%), Alemania (16,43%) o República Checa (21%).

La propuesta de AFIDI, es que exista un incremento de la partida de I+D+i civil en los Presupuestos Generales del Estado, blindando un incremento del 0,2% anual. Todo ello, con una mayor cooperación entre el sector público y el privado, con una política fiscal que incentive la actividad innovadora, un compromiso con las plantillas de profesionales de la I+D+i y un fuerte impulso de la digitalización y la biotecnología.

Y es que, de acuerdo con diversos estudios de la OCDE, existe una relación directa entre la inversión en I+D+i y el incremento de la competitividad y, en consecuencia, el desarrollo económico y social. Por eso, este Pacto por la Ciencia y la Innovación es fundamental para recuperar esta década perdida en inversión en I+D+i. Por este motivo, no existe ninguna razón para separar la política innovadora de la relativa a la investigación científica y técnica.

En el reciente anuncio de las partidas presupuestas para el Ministerio de Ciencia e Innovación en 2022, celebramos el aumento a 3.843 millones de euros, pero desde AFIDI reiteramos la necesidad de otorgar un mayor apoyo al sector empresarial y a la innovación más cercana al mercado. Un apoyo que también echamos en falta en esta Ley de Ciencia e Innovación. Además, si tenemos en consideración que, según los datos facilitados por la Intervención General del Estado, en 2020 tan solo se ejecutaron el 52,1% de los fondos asignados a I+D+I, siendo el 90% de lo no ejecutado gasto financiero (créditos). Lo que evidencia, de alguna forma, la inadecuación del crédito como instrumento de financiación de la innovación empresarial.

Destacamos el aumento presupuestario en los PGE 2022 a los incentivos fiscales a la I+D+i, de 660 millones en 2021 a 891 millones de euros en 2022. En este sentido, dentro de los incentivos fiscales a la I+D+i, regulados en la Ley del Impuesto sobre Sociedades, en 2008 se eliminó la deducción adicional vinculada a la colaboración de las empresas con el Centros de Innovación y Tecnología, Universidades y Organismos Públicos de Investigación. Dicha deducción adicional era un gran incentivo para el fomento de la colaboración público-privada en proyectos de I+D+i, como también lo eran las bonificaciones por personal investigador.

Con todo ello, el apoyo a proyectos de I+D+i puede realizarse tanto de manera directa, mediante subvenciones o créditos blandos, como indirecta, a través de incentivos fiscales de diversos tipos, siendo ambas formas útiles y complementarias. En la última década, se ha podido observar un incremento del protagonismo de los incentivos fiscales con respecto a otras alternativas existentes para favorecer la inversión en I+D+i, de modo que, actualmente, la mitad del apoyo público a la inversión en I+D+i de la OCDE se canaliza a través de incentivos fiscales. Y la evidencia muestra que son una herramienta eficaz, ya que, según el informe publicado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), por cada euro que se deja de recaudar, la inversión crece hasta en 1,5 euros.

Sin embargo, con la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, donde se incluye la propuesta de tributación mínima, consideramos que las deducciones a la I+D+i deben quedar excluidas de esa fijación de un tipo de tributación mínimo en el Impuesto sobre Sociedades (sirviendo de ejemplo la regulación al respecto en la normativa de la Hacienda Foral de Navarra). Permitir que las empresas puedan minorar este tipo impositivo mínimo a través de la realización de actividades de I+D+i será, sin duda, un potente instrumento para fomentar el desarrollo tecnológico de nuestra economía y, en consecuencia, un país más avanzado y cohesionado.

Otros países de la Unión Europea están apostando, en estos momentos, por impulsar las deducciones a la I+D como palanca de transformación y recuperación. Alemania acaba de crear este incentivo en 2020, mientras que Finlandia lo ha hecho en 2021, potenciando la I+D mucho más que nosotros. Podemos estar orgullosos al haber sido los pioneros en introducir este incentivo. No demos un paso atrás limitando su aplicación.

Autor: Víctor Cruz, presidente de AFIDI

AFIDI,AROSA I+D,Manifiesto adhesión

AROSA I+D, como miembros de AFIDI, nos adherimos al Pacto por la Ciencia y la Innovación

Pacto por la Ciencia y la Innovación

El Ministerio de Ciencia e Innovación ha acordado un Pacto por la Ciencia y la Innovación con varias de las  organizaciones españolas más representativas de la ciencia, la universidad, la empresa y los sindicatos. AROSA I+D, miembro fundador de la Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i (AFIDI), nos hemos adherido también.

El documento contempla medidas para aumentar los recursos, reforzar el papel de las agencias financiadoras y atraer y retener talento.

Hasta la fecha, más de 60 entidades españolas suscriben el Pacto por la Ciencia y la Innovación.

MICINN21pacto_por_la_ciencia_y_la_innovacion_actualizado_02_02_21

AFIDI,AROSA I+D,Horizonte Europa,I+D+i

Formamos parte de la Asociación Europea de Consultores de Innovación para el impulso de las inversiones en I+D+i a través de AFIDI

Photo

AROSA I+D, como miembro fundador de AFIDI, asociación de consultoras españolas especializadas en la financiación de la I+D+i , forma parte de la nueva Asociación Europea de Consultores de Innovación (EAIC – European Association of Innovation Consultants), que persigue potenciar las inversiones europeas en I+D+i.

Desde la EAIC consideramos que los consultores de innovación desempeñamos un «papel importante como aglutinante y catalizador» entre los innovadores europeos.

EAIC pretende convertirse en «la voz» de las consultoras europeas especializadas en financiación y gestión de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), siendo la primera a nivel europeo, contando actualmente con más de 50 miembros activos en toda Europa.

Objetivos de la EAIC:

  • Crear sinergias entre los miembros para promover el valor añadido que sus servicios profesionales aportan a las colaboraciones de I+D+i en Europa y llevar a cabo acciones de interés y beneficio común para sus miembros
  • Mejorar la imagen positiva de las empresas consultoras de innovación profesional europeas asegurando y manteniendo un alto grado de profesionalidad y valores éticos entre sus miembros
  • Representar a la AEIC ante las instituciones y los interesados europeos para defender los conocimientos técnicos específicos y la profesionalidad de los miembros de la AEIC y reconocer el mayor impacto de los proyectos que realizan en la comunidad de investigación europea
  • Identificar los problemas y objetivos comunes de sus miembros y perseguirlos de manera coordinada a nivel nacional contribuyendo a la concertación nacional e intensificando los diálogos directos con las diferentes representaciones de los Estados miembros de la UE
  • Facilitar el intercambio de conocimientos sobre prácticas óptimas e información entre los miembros sobre las últimas evoluciones del ecosistema europeo de I+D
  • Fomentar la participación del sector privado en los programas europeos de investigación y desarrollo para lograr un mayor impacto y aprovechamiento de los resultados

Desde septiembre de 2019 varios miembros de la EAIC iniciaron diversas iniciativas:

  • El lanzamiento de un Manifiesto del que AFIDI se hizo eco para apoyar la gestión profesional de proyectos en Horizon Europe para reconocer mejor el valor añadido de los consultores de innovación. Ya ha sido firmado por más de 168 organizaciones
  • La adopción de un Código de Conducta, firmado por todos los miembros para promover el comportamiento ético en el sector
  • La elaboración de dos documentos de posición del Acelerador EIC para proporcionar información sobre las evoluciones previstas del programa en el marco de Horizon Europe
AFIDI,Deducciones Fiscales I+D+i

Las políticas aplicadas sobre los incentivos fiscales por I+D multiplican la actividad de I+D de las empresas

The effects of R&D tax incentives and their role in the innovation policy mix. MicroBeRD project

Desde AROSA I+D como miembros fundadores de AFIDI – Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i compartimos la información de nuestra asociación sobre las conclusiones del informe de 2019 de la OCDE, «The effects of R&D tax incentives and their role in the innovation policy mix«, en el que se indica que los efectos de los incentivos fiscales se traducen entre otros en:

1️⃣una mayor inversión en I+D+i para aquellas empresas que ya realizaban un gasto en I+D+i

2️⃣un mayor número de empresas comienzan a invertir en I+D+i

3️⃣y un mayor número de empleos relacionados con dichas actividades.

Los principales resultados de este informe vienen en forma de “ratios de incrementalidad”, que miden la cantidad de I+D inducida por cada euro de financiación pública. Estos índices representan una medida común de adicionalidad de aportaciones de I + D y tienen la ventaja de que, en principio, son comparables entre países y entre instrumentos de política.

Los resultados basados en datos de este informe de la OCDE sobre las deducciones fiscales de I+D arrojan como conclusión que, en promedio, una unidad monetaria adicional de apoyo fiscal a la I+D se traduce en 1,4 euros de I+D adicionales generados.

Link al informe OCDE

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Economía, Industria y Competitividad

Ministerio de Economía y Hacienda

AFIDI,AROSA I+D,Plan Estatal

la Comisión Europea ha publicado la guía para que los países elaboren los Planes para optar a las Ayudas del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia «Next Generation UE», en la cual no aclaran los diferentes hitos de este proceso e información a facilitar

Desde AROSA I+D, como miembro fundador de AFIDI (Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i), consideramos igualmente como fundamental el diálogo abierto entre los diferentes actores (plataformas tecnológicas, agrupaciones empresariales, …) participando en un proceso de definición del Plan de Reconstrucción tan importante para España que no se puede des, que apueste por una colaboración público-privada completa.

Next Generation UE. ¿El qué, el cómo y el quién de los 140.000 millones de euros a los que opta España?

España aspira a 140.000 millones de euros de Europa en los próximos tres años: 72.700 en transferencias (subvenciones a fondo perdido) y 67.300 en préstamos, pero el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los Planes de inversión de nuestro país al respecto, así como los tiempos no estaban del todo claros y quedan muchos detalles.

El pasado 17 de septiembre la Comisión Europea publicó la Guía para que los países elaboren los planes para optar a estas ayudas, en la cual no aclaran los diferentes hitos de este proceso e información a facilitar.

¿A dónde irán los 140.000 millones asignados a España?

Articulo publicado en LA RAZÓN/ INNOVADORES el 23/sep/2020  https://innovadores.larazon.es/es/next-generation-ue-el-que-el-como-y-el-quien-de-los-140000-millones-de-euros-a-los-que-opta-espana/

REPRODUCCIÓN DEL ÁRTÍCULO de Noelia Escobar Izquierdo, miembro Junta Directiva de AFIDI

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. / European Union / Jennifer Jacquemart

España aspira a 140.000 millones de euros de Europa en los próximos tres años: 72.700 en transferencias (subvenciones a fondo perdido) y 67.300 en préstamos, pero el proceso de presentación, evaluación y aprobación de los Planes de inversión de nuestro país al respecto, así como los tiempos no estaban del todo claros y quedan muchos detalles.

El pasado 17 de septiembre la Comisión Europea publico la Guía para que los países elaboren los planes para optar a estas ayudas, en la cual no aclaran los diferentes hitos de este proceso e información a facilitar.

¿A dónde irán los 140.000 millones asignados a España?

Para poder acogerse al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia NextGenerationUE, los Estados miembros deben presentar planes para la recuperación en los que se expongan los diferentes programas nacionales de inversión, que sienten las bases de una recuperación ecológica, digital y sostenible. Bruselas «apoyará inversiones y reformas que tengan un impacto positivo y duradero en la economía y la sociedad”. Los respectivos planes por parte de los Estados miembros deben abordar los retos de política económica que figuran en las recomendaciones específicas por países para 2019 y 2020.

Entre las prioridades de la Comisión Europea pasan por invertir en tecnologías limpias, transporte sostenible, digitalización de los servicios públicos y la adaptación de los sistemas educativos, entre otras, animando a que se incluyan en estos planes inversiones y reformas los siguientes ámbitos emblemáticos:

  1. Activación. Puesta en marcha temprana de tecnologías limpias con perspectivas de futuro y aceleración del desarrollo y el uso de energías renovables.
  2. Renovación. Mejora de la eficiencia energética de los edificios públicos y privados.
  3. Carga y Repostaje. Fomento de tecnologías limpias con perspectivas de futuro a fin de acelerar el uso de un transporte sostenible, accesible e inteligente, de estaciones de carga y repostaje, y la ampliación del transporte público.
  4. Conexión. Despliegue rápido de servicios de banda ancha rápida en todas las regiones y hogares, incluidas las redes de fibra y 5G.
  5. Modernización. Digitalización de la Administración y los servicios públicos, incluidos los sistemas judicial y sanitario.
  6. Ampliación. Aumento de las capacidades industriales europeas en materia de datos en la nube y desarrollo de procesadores de máxima potencia, de última generación y sostenibles.
  7. Reciclaje y Perfeccionamiento Profesionales. Adaptación de los sistemas educativos en apoyo de las competencias digitales y la educación y la formación profesional a todas las edades.

Entre las recomendaciones realizadas en el último informe del Consejo a España en mayo de este año hay que destacar:

  1. Centrar la inversión en la transición ecológica y digital, y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, la producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, infraestructura energética, gestión de recursos hídricos y residuos, así como el transporte sostenible.
  2. El apoyo a la digitalización de las empresas palanca para mejorar su competitividad en las cadenas de valor mundiales, particularmente para las PYMEs.
  3. Adopción de tecnologías digitales y reducción de la brecha digital entre las zonas urbanas y las zonas rurales.
  4. Reforzar la capacidad y resiliencia del sistema sanitario.
  5. Mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno y reforzar el marco de contratación pública.
  6. Asegurar la aplicación efectiva de las medidas que proporcionen liquidez a las PYMEs y autónomos.
  7. Medidas encaminadas a preservar los puestos de trabajo, incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las cualificaciones.

¿Qué se debe presentar y cuál será el proceso?

Cada país deberá incluir en su propuesta de Plan de Reconstrucción y Resiliencia un informe motivado de por qué prioriza unas reformas respecto a otras; incluyendo un documento que recoja los objetivos a alcanzar, hitos del proceso e indicadores de medición de resultados, persiguiendo que estos sean claros, realistas, bien definidos y verificables.

El Parlamento Europeo y al Consejo deberán alcanzar lo antes posible un acuerdo sobre la propuesta legislativa a fin de que el Mecanismo esté operativo a partir del 1 de enero de 2021, fecha en la que los Estados miembros podrán presentar oficialmente sus planes, estableciendo el 30 de abril como fecha límite.

En su elaboración cada Estado miembro debe entablar un amplio diálogo político que integre a todos los actores pertinentes en la preparación de sus planes e interactuar con el Grupo de Trabajo para la Recuperación y la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, para ello tendrán que presentar los anteproyectos de estos planes a partir del 15 de octubre de 2020, empezando de esta forma las negociaciones.

Los respectivos Planes por cada país deberán ser validados por la Comisión Europea y además deberán someterse a la evaluación de un organismo independiente, que en el caso de España será la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). La Comisión contará con dos meses para evaluarlo y un mes adicional para hacer una propuesta al Consejo para su aprobación, por lo que nos iríamos a finales de julio del 2021.

La financiación dependerá del cumplimiento de los objetivos, los fondos se liberarán a los países en función de diferentes hitos, si estos no se cumpliesen los pagos se suspenderían y la contribución financiera podría reducirse.

Dada la complejidad de este proceso, no hay una fecha fija para empezar a recibir prefinanciación de estos fondos, se estima que una primera parte llegue en 2021, como tampoco hay un importe cerrado. Todo dependerá de la agilidad del proceso, de la rapidez y la calidad del diseño de proyectos que presenten las administraciones españolas. Es importante recordar que un aspecto sin duda crucial será la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

¿Quiénes van a decidir en España?

Para controlar y distribuir estos fondos, se ha creado una Comisión Interministerial, así como una Agencia para la Recuperación, que recaerá en la Dirección General de Asuntos Económicos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno (antigua Oficina Económica de la Moncloa). Así mismo se contará con la Conferencia sectorial con las Comunidades y Ciudades Autónomas, que liderará la ministra de Hacienda. En cuento a las entidades locales, no se ha concretado el mecanismo para acceder a las ayudas.

En este momento el Gobierno se encuentra trabajando en dos niveles, por un lado, con la Agencia para la Recuperación de la que depende el foro de interlocución con las empresas del IBEX y por otro con los diferentes ministerios, en el filtrado de posibles proyectos.

Parece que el gobierno va a solicitar ayuda a las Big four para participar en el proceso de formulación y redacción de proyectos a plantear en este Plan de Reconstrucción, en este sentido desde AFIDI (Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i), consideramos fundamental iniciar un diálogo abierto con diferentes actores, como plataformas tecnológicas, agrupaciones empresariales, … para participar en el proceso de definición de este Plan, apostando de esta forma por una colaboración público-privada activa, enriquecedora y amplia, en un proceso tan relevante para España como el Plan de Reconstrucción y que es, a nuestro juicio, una oportunidad que no podemos permitirnos el lujo de desaprovechar.

Noelia Escobar Izquierdo, miembro Junta Directiva de AFIDI

AFIDI

Posición de AFIDI sobre el impacto de la regulación de las Ayudas de Estado en la I+D+I:La aplicación del criterio empresa en crisis

AROSA I+D, como socios fundadores de AFIDI Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i, hemos participado en la elaboración de un documento preparado en nuestra asociación sectorial de consultoras especializadas, sobre el impacto de las Ayudas de Estado a la I+D+i, y el aspecto restrictivo del criterio de empresas en crisis.

Nuestra intención es compartir el documento con los principales actores del sector industrial y con los responsables de las políticas públicas que le afectan. Seguir leyendo Posición de AFIDI sobre el impacto de la regulación de las Ayudas de Estado en la I+D+I:La aplicación del criterio empresa en crisis →

AFIDI

Medidas propuestas por AFIDI para reforzar el sector industrial ante el COVID-19

AROSA I+D, como socios fundadores de AFIDI Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i, hemos participado en la elaboración de un documento preparado en nuestra asociación sectorial de consultoras especializadas, en el que proponemos una serie de medidas que refuercen el sector industrial nacional ante el COVID-19 que combinan la atención a las necesidades más inmediatas, con el foco puesto en el futuro, en la modernización y en la innovación.

Nuestra intención es compartir el documento con los principales actores del sector industrial y con los responsables de las políticas públicas que le afectan.

💬 🏭

Propuesta de medidas para reforzar el sector industrial ante el COVID-19

La industria es un sector clave en el avance económico para España, contribuyendo a la mejora de la competitividad a largo plazo de su economía, por su efecto arrastre hacia el resto de sectores, la calidad del empleo, alta capacidad de innovar y de transferir la tecnología a la sociedad, así como el efector tractor en la exportación.

En 2014, la Unión Europea decidió poner en marcha un plan que fijara para 2020 que este sector supusiera un 20%del PIB, en lugar del 15,6%que aportaba entonces la media comunitaria. España, se aleja cada vez más, estando ahora en un 14,4% y cayendo. En 2018, la industria creció apenas un 1,1%, lo que significa 3,3 puntos menos que un año antes, profundizando, por lo tanto, en la pérdida de peso respecto del conjunto de la economía. Se trata, en cualquier caso, del menor avance en cinco años, e incidir que este sector ha pedido más de 1.100 empresas en doces meses.

Las iniciativas públicas adoptadas para impulsar este sector, han sido escasas y poco ambiciosas, lo que ha provocado un proceso de cambio del modelo productivo hacia el sector terciario, reduciendo su relevancia. En 2018, Industria anunció una serie de medidas que iban acompañadas de una gran inversión pública, para que el sector industrial creciera hasta el 20% del PIB. No obstante esto, existe una bajada importante de la cifra de negocios de este sector (se recortó en agosto del año pasado un 3,6% interanual), según las últimas estadísticas del INE, así como de la generación de empleo (en los últimos 12 meses, apenas se han creado 12.000 puestos de empleo, un 76% menos que un año antes).

Es importante destacar que el sector industrial es una pieza clave para el desarrollo de la actividad innovadora e inversión en I+D en España, según los últimos datos del INE para 2018, las empresas de la Industria fueron las que mayor intensidad en cuanto a gastos en innovación, representando un 1,4% el sector industrial, con casi un 30% de empresas innovadoras que representaron unos 9.153 millones de euros.

En el actual contexto del COVID-19, estamos pasando por una situación sin precedentes, donde, dado el estado de alarma, se ha precisado del paro total de actividades no esenciales, donde la industria está sufriendo especialmente, no siendo nada fácil parar completamente procesos productivos de un día para otro.

Es cierto que la puesta en marcha del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, supone cierto alivio al sector industrial, con medidas como la agilización de la gestión de créditos y ayudas de la industria manufacturera y de los proyectos de REINDUS de 2019, las nuevas bases reguladoras para los paquetes de ayuda de Emprendetur, o la promoción de la I+D+i en zonas afectadas por la minería del carbón.

No obstante, consideramos que estas medidas son insuficientes, precisando de acciones de mayor calado:

Medidas concretas para reforzar el sector industrial

Estimamos necesario centrar nuestra propuesta en una única actuación, pero que tuviese como mínimo el mismo calado de la ya planteada con éxito en la anterior crisis del 2008 por el Gobierno, cuando el Ministerio de Industria convocó unos planes plurianuales de Competitividad que con gran éxito salvaron gran parte de la Industria española.

Entre 2008 y 2013, la crisis económica erosionó el sector industrial español. En 2014, la recuperación económica le dio tregua, pero ha durado poco: en España otra vez se están destruyendo empresas industriales. Entre septiembre de 2014 y septiembre de 2018, se crearon casi 2.500 en términos netos, pero se destruyeron 1.145 entre septiembre de 2018 y septiembre de 2019, poniendo fin a cuatro años seguidos de expansión industrial.

Según el informe remitido por la AIReF, entre 2008 y 2016, el Ministerio de Industria concedió préstamos para el desarrollo industrial por valor de cerca de 4.900 millones de euros -con un saldo vivo a finales de 2017 de aproximadamente 3.300 millones- de los que se beneficiaron el 2 % de las empresas industriales.

La concesión de estos préstamos ha supuesto un coste directo para la Administración de, al menos, 1.000 millones de euros, debido, principalmente, al elevado coste financiero al que tuvo que hacer frente el Tesoro para conseguir el dinero en los años de crisis (640 millones entre 2008 y 2011).

En este sentido, creemos que la única forma de emplear los fondos públicos con un efecto positivo e inmediato sería un programa de apoyo a las inversiones industriales de 1.000 millones de €, en forma mixta con un 25% de subvención a fondo perdido, más créditos al 0% con 3 años de carencia y 10 más de devolución, y sin ningún tipo de garantías asociadas y avales. Asimismo, con el objetivo de mantener el empleo, establecer un 5% adicional de subvención para grandes empresas, y un 10% para pymes. Dada la necesidad inmediata de liquidez, dicha convocatoria debería ponerse en marcha cuanto antes, una vez finalizado el estado de alarma, con el objetivo de recuperar la economía a la mayor celeridad. El gran conocimiento del Ministerio de las empresas que constituyen la industria nacional, creemos que hace posible una evaluación con más que suficientes garantías para saber sobre la idoneidad de los destinatarios y dadas las circunstancias, asumir posibles devoluciones fallidas en pequeños porcentajes si con ello se ayuda a solventar una situación que se antoja catastrófica.

A modo comparativo, dentro de los fondos de gestión de crisis del COVID-19 para mejorar la liquidez, Austria ha puesto 15.000 millones de euros de ayuda de emergencia para las industrias más afectadas, Portugal ha establecido nuevas líneas de crédito en condiciones favorables para las empresas en los siguientes sectores (3.000 millones de euros): restauración, turismo, eventos, textil y calzado, industrias extractivas, o Croacia, que ha puesto en marcha una ayuda estatal para proporcionar capital y liquidez a las empresas turísticas y la industria cultural y creativa.

A la par que incentivar la inversión industrial, estaríamos fomentando la digitalización de la industria y ayudando a cambiar el modelo productivo de España basado principalmente en el sector servicios. Es preciso más que nunca potenciar tres ambiciosos objetivos: La reindustrialización de la economía, la necesaria transformación de nuestro tejido industrial, para adaptarlo a la evolución de las tecnologías digitales y la adecuada adaptación a la transición ecológica.

AFIDI (Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i)

AFIDI

Medidas concretas propuestas por AFIDI que generen liquidez en las empresas innovadoras ante el COVID-19

Compartimos desde AROSA I+D, como socios fundadores de AFIDI Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i, el documento preparado en nuestra asociación sectorial de consultoras especializadas en el que proponemos una serie de medidas que generen liquidez en las empresas innovadoras ante el COVID-19.

Continuamos trabajando en la gestión de la financiación de los proyectos de innovación de nuestros clientes para que sean la base sobre la que se construirá un futuro mejor para todos cuando pase la crisis.

💬

Propuesta de medidas que generen liquidez en las empresas innovadoras ante el COVID-19

En estos días vivimos situaciones muy complejas desde una perspectiva personal, social y empresarial. Afrontamos una situación de emergencia sanitaria por contagios de Covid19, que afecta de forma muy desigual a las personas que la padecen. Además, necesitamos involucrarnos personalmente para, entre todos, cambiar nuestros usos y costumbres y evitar la propagación del virus, para que nuestro sistema sanitario sea capaz de atender a los que realmente lo necesitan.

Tenemos que ser responsables y generosos, pensar en los demás, y empezar por cambiar cada uno de nosotros. Las empresas que integramos AFIDI tenemos que tomar decisiones de muy corto plazo para adaptarnos a la realidad inmediata, otras a varios años que afectan al futuro de nuestros clientes y sus personas y también de nuestra sociedad. Trabajamos gestionando la financiación de sus proyectos de innovación que construirán un futuro mejor para todos nosotros, cuando finalmente todo esto pase.

Comprometidos con la situación de emergencia, sin olvidar la perspectiva global

Aun estando muy comprometidos con la realidad a corto plazo, no podemos ignorar la perspectiva global en la que nos encontramos dibujada, por diversos datos y estudios que exponen la realidad del sistema español de I+D+I. Para poner un ejemplo, según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), en 2017 el gasto en I+D+I fue el 1,2% del PIB, menos que hace una década, cuando el gasto fue del 1,23%. Estos datos nos indican que nuestro sistema de I+D+I tiene un déficit anual de 20.000 millones de euros respecto a la cifra objetivo del 3% anual de gasto en I+D+I sobre PIB.

En la misma línea, nos recordaba COTEC en su Informe anual que la trayectoria reciente de España en I+D contrasta con la de la Unión Europea, que en 2018 ya invertía un 27% más que antes de la crisis. Así, mientras que entre 2009 y 2018 la inversión en I+D en España ha aumentado apenas un 2,5%, en Alemania la ratio es del 38%; en Reino Unido, del 21%; en Italia, del 17%, y en Francia, del 12%. Asimismo, en la comparativa entre España y Europa, también resulta llamativo el comportamiento de la inversión pública: la evolución acumulada en la inversión pública en España entre 2010 y 2018 decrece un 9,8%, mientras que en Europa aumenta un 7,3%.

Empezábamos 2020 siguiendo la tónica de años anteriores, y nos informaba Bloomberg que España continuaba su descenso en el Global Innovation Index, hasta el puesto 33, por detrás de Hungría, Malasia, Polonia, Grecia y Rumanía. Por esas fechas se constituía también el nuevo Gobierno y veíamos como la innovación estaba dispersa en cuatro ministerios, lo que hace más difícil establecer una estrategia unificada y un presupuesto prometedor que empiece a revertir la tendencia de la última década.

En este contexto, emerge una amenaza para la salud pública: la propagación de un virus de alto contagio para el que no hay vacuna, que demanda de una ingente cantidad de recursos humanos, sociales y también económicos. Además, esta inesperada crisis del coronavirus también tiene un impacto negativo sobre la economía y el empleo, y parece que el Gobierno de España no tiene margen para aplicar un gran paquete de medidas de estímulo fiscal y económico capaz de apoyar al sector privado.

El Consejo de Ministros extraordinario del jueves aprobó un plan de choque contra la potencial crisis económica del coronavirus que se orienta principalmente a la concesión de adelantos a Comunidades Autónomas y empresas para que asuman el impacto económico de la crisis.

Medidas concretas que generan liquidez en las empresas innovadoras

Dado el avance de la pandemia, y la situación por la que están pasando nuestras empresas innovadoras, desde AFIDI queremos proponer algunas medidas que, como comentábamos al principio de esta comunicación, combinan la atención a las necesidades más inmediatas con el foco puesto en el futuro y en la innovación.

Algunas de nuestras propuestas son las que a continuación concretamos:

A – Flexibilización de los actuales requisitos y compensación inmediata de los créditos tributarios por I+D+i, según lo establecido en el Art. 39.2. de la LIS

El Artículo 39.2. de la LIS, establece la posibilidad de que, para aquellas entidades que realizan un considerable esfuerzo en I+D+i, puedan aplicar sin límite o solicitar un abono de la deducción generada.

Según datos facilitados por la Agencia Tributaria a través del Portal de Transparencia, en el ejercicio fiscal 2018, 627 entidades solicitaron esta opción, siendo la cifra aplicada sin límite de 20.470.122,85€ (317 declarantes) y 79.281.955,33€ (595 declarantes). Sin embargo, la cifra de deducción generada para este ejercicio asciende a un total de 507.767.552€ (6.477 declarantes).

Ante la situación de extrema necesidad de liquidez, la flexibilización de los requisitos para poder ejercitar esta opción, así como la compensación inmediata de estos créditos, permitiría relajar a corto plazo la situación de déficit de liquidez grave de nuestras empresas. Cabe destacar, que se trata de créditos ya constituidos y generados por las empresas intensivas en I+D+i, con lo que no supone un aporte adicional de presupuesto por parte del Estado.

Para ello, se propone:

1️⃣ Eliminación de la carencia de un año para poder aplicar esta opción, establecida en el Art. 39.2.a) de la LIS.

2️⃣ Eliminación del descuento del 20% del importe abonado o aplicado sin límite, establecido en el Art. 39.2.d) de la LIS.

3️⃣ Tramitación acelerada de la devolución de estos créditos tributarios por I+D+i solicitados por el contribuyente, tal como ya han hecho países como Francia, Rumania, Indonesia, Bosnia y Herzegovina, sin tener que esperar a la presentación del Impuesto sobre Sociedades.

4️⃣ Eliminación de las limitaciones existentes en la aplicación de estas deducciones, pudiendo en todos los casos aplicar el 100% de las deducciones generadas, al menos para el ejercicio fiscal 2018 (último ejercicio sobre el que se puede aplicar lo dispuesto en el Art. 39.2. de la LIS teniendo en cuenta la carencia de un año), y el ejercicio fiscal 2019. EE.UU. o Eslovaquia, por ejemplo, ya han optado por flexibilizar los límites de compensación de bases imponibles negativas.

5️⃣ Flexibilización de los criterios de mantenimiento de plantilla, establecidos en el Art. 39.2.b), no teniendo en cuenta para el cálculo de la misma, el período de Estado de Alarma, en el que muchas empresas han tenido que aplicar ERTE por fuerza mayor.

De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria para el ejercicio fiscal 2018, este tipo de medidas permitirían generar liquidez a nuestras empresas innovadoras, por un valor máximo aproximado de unos 400.000.000€.

B.- Adaptación de las bonificaciones de personal investigador para favorecer la contratación y mantenimiento de plantilla

Las bonificaciones de personal investigador están reguladas en el RD475/ 2014, siendo un incentivo no tributario, que constituye una reducción inmediata en los gastos empresariales y favorece la contratación de personal investigador. En algunos casos, es el único incentivo con el que cuentan algunas empresas que no tienen suficientes beneficios y cuota tributaria como para que las deducciones en el pago de sus impuestos sean relevantes.

Según datos del SEPE, en el año 2018 se bonificaron 31.038 contratos de personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D+i, por un importe bonificado de 66.237.787€.

La actual situación derivada del COVID-19 está provocando que muchas empresas no puedan continuar temporalmente con su actividad, obligando en el peor de los casos a la realización de ERTES. A pesar de esto, existe la necesidad de seguir realizando actividades de I+D+i, y no solo en el ámbito del COVID-19.  En este contexto, la mejora del esquema de bonificaciones permitiría las empresas que abogan por seguir investigando y manteniendo su personal de alto valor añadido en plantilla, una mayor liquidez de aplicación inmediata.

Por ello se propone:

🔹 Incremento del 40 al 75% las bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social del personal de I+D+I. Esta medida, según los datos del Ministerio de Ciencia e Innovación que recoge en el informe sobre las deducciones fiscales aplicadas con informe motivado en 2017, podría suponer una inyección adicional de liquidez de entre 60 y 70M€.

🔹 Flexibilización de los criterios de dedicación en exclusiva a actividades de I+D+i, reguladas en el Art. 2 del RD 475/2014, no teniendo en cuenta situaciones de paro temporal de actividad por razón de fuerza mayor durante el año 2020.

Desde AFIDI pensamos que estas medidas junto con otras que propone y propondrá más adelante el Gobierno permitirán a las empresas españolas afrontar la situación tan urgente de corto plazo sin dejar de trabajar en su futuro y en el de todos nosotros, construyendo una sociedad más prospera e innovadora.

Además, queremos hacer constar que, con el fin de proteger la salud y facilitar la conciliación nuestros empleados y así como la liberación de espacios para los sectores que requieran presencia física (en la calle, en el transporte…), hemos implementado mecanismos que permiten teletrabajar a la totalidad del personal que integra las empresas miembros de nuestra asociación junto con medidas específicas para la adecuada gestión emocional de esta nueva situación.

AFIDI (Asociación Española para el Fomento de la Financiación de la I+D+i)