¿Qué hemos aprendido (y sufrido) las #consultoras pertenecientes a AFIDI (y en especial las empresas de la Cadenas de Valor de automoción) de la convocatoria de ayudas públicas del PERTE_VEC ?

¿Qué propuestas de mejora sugerimos desde la Asociación AFIDI para los próximos PERTEs por convocar dentro del PRTR (Plan de Recuperación) con fondos NextGenerationEU?

AROSA I+D como miembro fundador de AFIDI ha participado activamente en la elaboración del siguiente documento…

La Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, establece las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Recogiendo en la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, la convocatoria correspondiente al año 2022.

Este programa se basa en la idea de cooperación entre empresas en la cadena de valor del vehículo eléctrico y conectado que contribuya a la generación de sinergias y la difusión del conocimiento, con soluciones integradas y eficientes. La línea no busca la mera implementación de la fabricación del VEC en España, sino incentivar a las empresas para que esta transformación se realice buscando soluciones altamente innovadoras, con métodos de fabricación sostenibles, que se apoye la economía circular y se busque la integración social.

Obstáculos identificados

• Gran incertidumbre durante todo el proceso de solicitud, con modificaciones y matices en las “reglas del juego” que fueron recogidos tanto en la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa la convocatoria del año 2022, como mediante la Orden ICT/359/2022, de 25 de abril, por la que se modifican la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre. Como fue la determinación del porcentaje mínimo de PYMEs y causas de reintegro por incumplimiento de este requisito.

• Retraso en el cierre de la convocatoria, viéndose prorrogado hasta en dos ocasiones, que ha podido desvirtuar en cierta forma el principio de concurrencia competitiva.

• El plazo máximo de ejecución de los proyectos, el cual exige que las inversiones estén finalizadas en junio de 2025 y justificadas para septiembre de ese mismo año.

Teniendo en cuenta lo anterior y que de forma general, el sector industrial aprovecha las paradas productivas de agosto para hacer demostradores de proyectos de I+D, el retraso en la convocatoria ha impedido imputar actividad del verano del 2022 y, el cierre en junio del 2025, deja solo útiles las paradas de 2023 y 2024 para pruebas en el marco de este programa.

• Alcances de la responsabilidad solidaria.
  – De acuerdo al apartado d) del artículo 5 de la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del VEC dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica: “todas las entidades miembros de la agrupación tendrán la condición de beneficiarios de la ayuda y serán solidariamente responsables, en proporción a sus respectivas participaciones, en relación al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67.4 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”.

– En la convocatoria de ayuda retos colaboración Orden CIN/1502/2021, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas a proyectos de colaboración público-privada, del Programa Estatal para Impulsar la Investigación Científico-Técnica y su Transferencia, del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2021-2023 en el marco del  Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, respecto a la responsabilidad solidaria, se contempla como sigue: “Artículo 7 (apartado 10).  En el caso de que una entidad participante de la agrupación no responda de las obligaciones de reintegro, cada miembro de esta responderá solidariamente. El importe a reintegrar por cada miembro de la agrupación tendrá como límite las cantidades de ayuda efectivamente recibidas. Cada miembro de la agrupación responderá individual y exclusivamente de la amortización del préstamo que le haya sido asignado y de los incumplimientos en las devoluciones de las cuotas de amortización de los préstamos.”

 En la convocatoria del PERTE VEC, a diferencia de la reciente convocatoria de Retos colaboración, tal como recoge su Orden de Bases en el artículo 5.d) “la responsabilidad solidaria aplica al conjunto de actividades a desarrollar por la agrupación, incluyendo la obligación de justificar, el deber de reintegro o de reembolso de cuotas de préstamos, y las responsabilidades por infracciones”.

La naturaleza de la responsabilidad de los partícipes será la que se determine en la orden ministerial reguladora de las bases, por tanto, cada programa de ayudas podrá regularlo como estime. En la convocatoria del PERTE VEC aplica al incumplimiento de las devoluciones de las cuotas de amortización, con el perjuicio e impacto a todos los integrantes del consorcio por dos motivos esenciales:

▪️ Las subvenciones se van a avalar en prácticamente su totalidad, pero no los préstamos, por lo que el impacto de un impago en las cuotas por parte de un socio impacta de forma directa en el resto de los socios de la agrupación.

▪️ Los proyectos de inversión regional y sostenibilidad son individuales y en muchos casos de importes muy elevados, con préstamos cuantiosos.

• Proyectos de inversión regional, muy complicados de encajar, dadas las limitaciones en cuanto a las zonas incluidas en las ayudas regionales. Se debe tener en cuenta las limitaciones de este programa para las inversiones productivas en CAPEX de los proyectos.

• Intensidades de las ayudas en este programa colaboración vs. Convocatorias individuales. El valor añadido de asumir la carga de esfuerzos y responsabilidades de este Programa de ayuda frente a ir a las correspondientes modalidades de ayuda de forma individual, esencialmente se encontraba en la derivada comercial futura entre fabricantes y proveedores, dada que las intensidades de ayudas son las mismas que en los diferentes programas de ayudas a los que se podía optar con los diferentes proyectos primarios, existiendo únicamente una mejora en cuanto a los importes máximos de las ayudas.

• Garantías.  Para las PYMES la exigencia de avalar de forma obligatoria de inicio es en muchos casos una dificultad insalvable o muy complicada de cumplir, lo que puede conllevar en ocasiones a la renuncia de la ayuda y la reevaluación del proyecto tractor.

La negociación y obtención de las garantías es un arduo proceso, especialmente para las PYMEs, que puede suponer en muchos casos tras el análisis de riesgos una “pignoración” del 25% al 50%, del importe garantizado. Este hecho supone esencialmente para las empresas: a) que deba adelantar este importe para conseguir la garantía y b) que una vez cobre el anticipo, este se verá minorado en la cuantía de la pignoración, lo que en la práctica se traduce en una reducción de la ayuda y mayor esfuerzo financiero para la ejecución de las actividades comprometidas al proyecto.

• Los requisitos impuestos exigen costes iniciales muy elevados al consorcio.  Al gasto de los avales se añade el de notario, el doble gasto de la certificación de categoría del proyecto de I+D y del cumplimiento de DNSH, importe que puede estar superando los 100.000 euros por consorcio. A este importe se debería sumar el alto “coste de oportunidad” relativo al tiempo dedicado por diferentes perfiles implicados en cada una de las entidades en la preparación de la propuesta

• Excesivos requisitos en cuanto a los bloques y planes transversales. Gran encorsetamiento del programa en cuanto a los requisitos de contenidos técnicos por bloques.

La industria de automoción es un sector global, con competencias de desarrollo distribuidas a nivel internacional. El hecho de exigir un abanico tan amplio de temáticas dentro de los proyectos primarios de cada tractor es, en muchos casos, muy complejo de cumplir por la propia realidad del sector implantado en España.

Esta globalidad del sector también afecta a los diferentes eslabones de la cadena industrial, en muchos ámbitos de actividad no hay posibilidad de buscar asociaciones con entidades de pequeño o mediano tamaño.

Tantos requisitos de formación de los consorcios, unido a estos requisitos técnicos, en la práctica impide que los proyectos definidos sean aquellos demandados por la industria.

• Aplicación muy poco ágil e información para la solicitud poco lógica: relación de indicadores proyecto tractor excesiva, algunos poco coherentes y repite los que se solicitan para los proyectos primarios. En muchos casos indicadores que hacen relación a anualidades anteriores al inicio del proyecto, lo cual no es muy coherente. Imposibilidad de cargar en simultaneo en dos proyectos primarios. Solicitar referencias catastrales de ubicaciones de inversión. Presentación del proyecto tractor en máximo una hoja. Establecer ratios máximos de 60 euros hora por trabajador.

• Tras el proceso de evaluación de las propuestas hemos comprobado que no se recoge el gasto de prototipos en I+D (no se admiten fungibles), partida que es fundamental a la hora de realizar proyectos de I+D.

• La no admisión de las entidades de consultoría como figura de interlocutor frente a la Administración, dado que en la mayoría de las ocasiones la función de coordinación del proyecto e integrantes está siendo realizada por estas entidades. De igual forma explícitamente se excluyen estos gastos como elegibles.

Consideramos esencial aprender de lo que ha sido esta primera gran convocatoria de proyectos tractores en el ámbito industrial, en el marco de los PERTE, intentando reducir los obstáculos que se han identificado para futuras convocatorias, por ello a continuación enumeramos una serie de propuestas.

Nuestras propuestas:

• Revisar los formatos y modalidades admitidas de garantías, buscando opciones de cancelaciones parciales: una o varias certificaciones parciales que en el caso de la subvención pueda suponer liberación parcial de estas garantías, así como la posibilidad para los avales sobre los préstamos de avales parciales que se correspondan con las respectivas amortizaciones del principal.

• Tratar de mediar especialmente con las SGR a través de CERSA en flexibilizar plazos de análisis y aprobación, así como condiciones, especialmente para las PYMEs.

• Equilibrar el importe de los anticipos por anualidades, el importe inicial debería ser mayor (pero consideramos como no-proporcional llegar al 90%, por las implicaciones que su obligatoriedad conlleva) pero siempre buscando la no obligatoriedad.

• Los alcances de la responsabilidad solidaria es un tema especialmente sensible y crucial, por ello rogamos la consideren como en la convocatoria de Retos colaboración, también en el marco del Plan de Recuperación, en la cual la responsabilidad solidaria no abarca los posibles incumplimientos en las devoluciones de las cuotas de amortización de los préstamos, siendo estas responsabilidades individuales de los respectivos socios.

• Analizar como mejorar el apoyo al CAPEX en estos proyectos, dada la gran relevancia que las partidas de inversión tienen para esta tipología de proyectos.

• Incluir como gasto elegible los honorarios de consultoría de oficina de proyecto, así como prever su posibilidad de asumir la labor de interlocutor del consorcio.

• Incluir como gastos elegibles los de certificación de DNSH, así como incluir la partida de fungibles, esa es esencial para la fase de demostración en los proyectos primarios de I+D.

• La posible consideración de un “Sello PERTE”, para las diferentes entidades pertenecientes a consorcios de proyectos “de cadena de valor” beneficiarios de programas como el presente. Este sello o acreditación permitiría acceder de forma preferente y más ágil a posibles mecanismos de financiación complementarios.

• Posibilidad de contar con la acreditación ex ante de los proyectos de I+D e it, a efectos de la deducción fiscal.